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EDITORIAL

El Estado en la mira

Urbe y orbe

ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
lunes 13 de julio 2020, actualizada 7:52 am


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La gestión desarticulada y fallida en muchos casos que han hecho los Gobiernos ante la pandemia de COVID-19 exige un debate sobre el papel del Estado como entidad política que da soporte institucional a una sociedad. ¿Hasta dónde deben llegar las medidas de un Gobierno, como cabeza del Estado, a la hora de proteger a los ciudadanos? ¿Dónde terminan las responsabilidades colectivas y comienzan las individuales? ¿Cómo alcanzar el equilibrio entre libertad personal y bienestar social en medio de una situación de riesgo? Desde hace siglos se ha aceptado que la razón de ser de un estado es la de garantizar seguridad, justicia, bienestar y desarrollo de una sociedad en un territorio determinado. No obstante, los alcances y facultades que deben permitirse a un estado para conseguirlo, han sido materia de debate filosófico y político. Por ejemplo, se reconoce que el paradigma de la democracia liberal es el de un estado lo necesariamente grande para salvaguardar el bien colectivo, pero lo suficientemente pequeño para no obstruir la libertad individual. Pero en este marco existen fuertes disensos entre quienes defienden a un estado con mayores capacidades y quienes demandan mayores libertades personales. En un momento en el que se registra un fuerte repunte de casos de COVID-19, en medio de críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Gobiernos por iniciar el desconfinamiento de forma precipitada, y de Gobiernos a la OMS por su actuación "tardía, parcial y opaca", y en medio del reparto de culpas entre órdenes de Gobierno en México y entre instituciones e individuos, es necesario abundar en la discusión sobre las responsabilidades y facultades del Estado.

Un primer punto a anotar es que si bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han creado organismos que pretenden alcanzar un cierto grado de gobernanza internacional -como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus instituciones especializadas, como la OMS-, son los estados nacionales los únicos facultados a aplicar las medidas que dichos organismos ordenan o recomiendan, salvo en circunstancias especiales como, por ejemplo, el despliegue de Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas (Cascos Azules). De esta forma, aunque los organismos de la ONU cuentan con recursos aportados por los estados miembros o donados por particulares, la gobernanza global depende hoy de la voluntad de los Gobiernos de los estados nacionales que conforman la comunidad internacional, principalmente de aquellos que tienen mayor capacidad económica, política, tecnológica y militar. Son ellos quienes deben asumir la responsabilidad y el liderazgo político para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en su conjunto y sus sociedades en específico.

Por otra parte, es el Estado la entidad pública que mayores recursos (monetarios, humanos y materiales) posee para diagnosticar y analizar los problemas de una sociedad y planear y ejecutar sus soluciones. Pero no solo eso, la legitimidad de un estado está fundamentada en las facultades que la Constitución y las leyes le confieren para garantizar la soberanía -emanada del pueblo en el caso de las democracias-, la seguridad y el bienestar de la población. En este sentido, los Gobiernos son los administradores temporales de dichas facultades estatales y como tales poseen un alto grado de responsabilidad que recae sobre quienes ejercen los cargos públicos por mandato legal. En algunos estados, las facultades y responsabilidades están repartidas entre poderes diferentes y, en el caso de los estados federales, entre distintos órdenes de Gobierno. En este último caso, son los Gobiernos nacionales los que poseen el mayor grado de responsabilidad, así como la mayor cantidad de recursos a su disposición. Por lo tanto, es de esperarse que de ellos surjan las directrices, lineamientos y ordenamientos que se deben aplicar en todo el territorio nacional para enfrentar una crisis o amenaza pública, aunque, hay que reconocer, los Gobiernos municipales son en teoría los más cercanos a la gente. A mayores recursos, facultades y capacidades, mayores responsabilidades y obligaciones de ejercer el liderazgo.

¿Pero qué pasa en el caso de la dicotomía ciudadano-Estado? La pregunta es pertinente dada la propensión de algunos a creer que ante los problemas sociales la responsabilidad primaria recae en la acción individual y no en el Estado. Es decir, si un problema rebasa a una sociedad sería más por culpa de la inconsciencia o inacción de los ciudadanos y no tanto por la falta de liderazgo y determinación de los Gobiernos para hacer frente a la amenaza. Este planteamiento incuba serias inconsistencias. Una de ellas es que parte de la falsa premisa de que todos los individuos de una sociedad cuentan con las mismas oportunidades y posibilidades. Si algo caracteriza a las sociedades de nuestro tiempo es que la igualdad política y jurídica no se ha convertido en equidad socioeconómica, y es una realidad que hay ciudadanos con mayores privilegios materiales que otros. Por lo tanto, la intervención del Estado se hace necesaria para equilibrar el piso de oportunidades y proteger los derechos de aquellos que menos recursos tienen. Pero, además, si la mayor responsabilidad está en el individuo, como plantean algunos, tenemos que hacernos dos preguntas obligadas: ¿entonces para qué sirve el Estado? ¿Para qué dotarlo de facultades legales y recursos públicos? Mi opinión es que, si queremos que nuestra sociedad funcione y enfrente exitosamente sus problemas, debemos partir del hecho de que existen niveles de responsabilidad que dependen de la disposición de recursos y facultades y del impacto de las acciones. Y en esta lógica, el Estado, su Gobierno y sus funcionarios, son quienes poseen el mayor grado de responsabilidades y obligaciones porque cuentan con la mayor cantidad de recursos y facultades, sin que esto exima a los ciudadanos de las suyas, puestas en su justa dimensión. El punto crucial a observar está en que las facultades del Estado no supriman de forma permanente las libertades individuales. Y es sobre la base de esta jerarquía que debemos plantear nuestra exigencia. (Esta columna volverá el lunes 27 de julio)

Twitter: @Artgonzaga

E-mail: agonzalez@grupopunto.net

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