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Internacional

Violencia azota a República Democrática del Congo: Bachelet

Se han presentado conflictos que han involucran a grupos armados y fuerzas gubernamentales

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GINEBRA, SUIZA, viernes 05 de junio 2020, actualizada 2:46 pm

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Unos mil 300 civiles han sido asesinados en una serie de conflictos que involucran a grupos armados y fuerzas gubernamentales en la República Democrática del Congo en los últimos ocho meses, informó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En nombre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bachelet agregó que algunos de los incidentes relacionados con asesinatos y otros abusos y violaciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

De acuerdo a informes oficiales de la ONU, el número de víctimas aumentó en las últimas semanas a medida en que conflictos separados en tres provincias orientales, Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, se han extendido con desastrosas repercusiones para la población civil.

Los grupos armados han cometido masacres y otras atrocidades. Pero las fuerzas de defensa y seguridad también han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos en estas provincias, así como en otras partes del país.

“Estoy horrorizada por el aumento de los ataques brutales contra civiles inocentes por parte de grupos armados y por la reacción de las fuerzas militares y de seguridad, que también han cometido violaciones graves, incluidos asesinatos y violencia sexual.

“Estos no solo son actos reprensibles y criminales, sino que también rompen la confianza entre las personas y los representantes estatales, tanto de seguridad como políticos”, dijo Bachelet al presentar su denuncia en los medios.

La provincia de Ituri

En la provincia de Ituri, por ejemplo, la violencia se ha extendido a nuevas áreas a medida que los grupos armados se han multiplicado. El principal grupo armado sigue siendo el CODECO, compuesto principalmente por membros de la comunidad Lendu, que se ha dividido después de que su líder principal, Ngudjolo Duduko Justin, fuera asesinado el pasado 25 de marzo.

Como se documenta en un informe de derechos humanos de la ONU publicado el 10 de enero de 2020 y actualizado el 27 de mayo de este mismo año, el CODECO y otros combatientes de Lendu han seguido una estrategia de masacrar a los residentes locales-

Principalmente a los Hema; aunque también han atacado a los Alur desde 2017, con el objetivo de controlar el recursos naturales en la región. Otros grupos, incluidos los Ndo Okebo, Nyali y los Mambisa, se han visto envueltos en más episodios de violencia, pero esto último más recientemente.

"Hasta ahora, para su crédito, las comunidades objetivo se han abstenido de tomar represalias", dijo Bachelet, quien visitó Ituri en enero de 2020 y se reunió con personas mutiladas y desplazadas durante los brutales ataques del CODECO.

"Sin embargo, en ausencia de una protección efectiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, existe un grave riesgo de que estas comunidades se sientan obligadas a formar grupos de autodefensa, lo que probablemente exacerbaría una situación ya grave", anotó.

Según los informes del ACNUDH, los ataques y la naturaleza de la violencia cometida por los grupos armados “se han vuelto cada vez más horripilantes, incluida la violencia sexual, las decapitaciones y la mutilación de cadáveres”.

Según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en la RDC (UNJHRO), entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, al menos 531 civiles han sido asesinados por grupos armados en Ituri; 375 de ellos desde marzo, cuando la violencia se disparó.

Las fuerzas armadas congoleñas (FARDC) y la policía (PNC) presuntamente también mataron a 17 civiles durante el mismo período.

Kuvi del Norte

En Kivu del Norte, las operaciones de las fuerzas gubernamentales se dio en noviembre de 2019. En esa ocasión hubo represalias contra la población civil por parte del principal grupo armado, el ADF, que hasta al 31 de mayo había matado al menos a 514 civiles “con machetes, hachas y armas pesadas, y han estado secuestrando niños y atacando escuelas y hospitales”.

Los combatientes de las ADF también fueron responsables de 77 de las muertes de civiles en la vecina Ituri. Las fuerzas de defensa del estado también han estado fuertemente implicadas, y se informó que las FARDC mataron a 59 civiles y la PNC mató a 24. Más de 400 mil personas han sido desplazadas en Kivu del Norte.

Las operaciones de las FARDC también han provocado que las ADF se muden a territorios que anteriormente no se veían afectados por conflictos armados. Al igual que en Ituri, existe un grave riesgo de que surjan grupos de autodefensa mayi-mayi, con civiles nuevamente atrapados en el medio.

“Pido a las autoridades congoleñas que hagan todo lo posible para establecer la autoridad del Estado en ambas áreas de conflicto, incluso mediante la introducción o expansión de la presencia de las fuerzas de seguridad, y para garantizar que esas fuerzas protejan a los civiles”, dijo la Alta Comisionada.

Añadió que la protección de los civiles es responsabilidad del estado, “y cuando el estado deja un vacío, otros tienden a llenarlo”; al tiempo que recordó que, en la RDC, la experiencia pasada muestra que esto puede tener resultados catastróficos.

“La naturaleza generalizada y sistemática de algunos de los ataques contra civiles en Ituri y Kivu del Norte puede equivaler a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra ”, agregó.

Kivu del Sur

En Kivu del Sur, al menos 74 personas han sido asesinadas desde octubre y al menos 36 mujeres y niños violados en un resurgimiento de la violencia de origen étnico entre las comunidades de Banyamulenge y Bafuliro, Babembe y Banyindu.

Más de 110 mil personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han sido desplazadas por la violencia, que está siendo alimentada por el discurso de odio difundido a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el discurso público.

Los soldados de las FARDC también han sido responsables de la violación de los derechos humanos, incluido el asesinato de al menos 15 personas y la violencia sexual contra 13 mujeres.

También se han producido graves asesinatos y violencia en Kongo Central y Kinshasa, donde, entre el 30 de marzo y el 24 de abril, al menos 62 civiles fueron asesinados y 74 heridos durante siete operaciones realizadas por la PNC y las FARDC contra militantes del grupo político-religioso Bundu Dia Kongo (BDK).

Los seguidores de BDK realizaron manifestaciones prohibidas por las autoridades, bloquearon carreteras, pronunciaron discursos de odio, amenazaron con expulsar a los extranjeros de Kongo Central y, según los informes, atacaron físicamente a algunos de ellos.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad “fue claramente desproporcionada”, ya que los agentes de policía utilizaron sistemáticamente munición real para dispersar a las multitudes desarmadas.

El 22 de abril de 2020, en Songololo, Kongo Central, agentes de la ley allanaron una casa donde se habían reunido 70 seguidores de BDK, le prendieron fuego y dispararon o utilizaron machetes en contra de quienes huían del incendio (matando a 19 personas, incluido un niño).

Dos días después, en Kinshasa, la policía y las fuerzas armadas mataron a otros 31 seguidores de BDK en una operación para detener al líder del grupo, Ne Muanda Nsemi.

"Las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad establecen un equilibrio claro entre la amenaza y la respuesta", dijo la Alta Comisionada.

Bachelet añadió que, incluso, cuando hay un estado de emergencia, el uso de la fuerza siempre debe ser excepcional y basarse en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

“Las fuerzas de seguridad solo deben usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal solo se puede usar cuando existe un riesgo inminente para la vida”, afirmó.

Instó a las autoridades a "tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de violaciones tan graves", y destacó que las investigaciones que se han establecido deben ser creíbles, transparentes e independientes, y añadió que, evidentemente, las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, verdad y reparaciones.

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