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EDITORIAL

Alcoholímetro

ARCHIVO ADJUNTO

LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 09 de octubre 2019, actualizada 7:50 am


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La pérdida de cinco vidas humanas el fin de semana pasado en la ciudad de Torreón, como consecuencia de accidentes de tránsito provocados por el consumo inmoderado de alcohol, ponen en un primer nivel de atención de la ciudadanía, el tema aludido.

Los acontecimientos trágicos referidos, en los que entre los fallecidos se encuentran dos niñas de seis años y catorce años respectivamente, ocurren de manera que coincide con una declaración reciente del Presidente del Consejo Municipal de Vialidad, que entraña una crítica al sistema de operativos de prevención y control, que la autoridad aplica en contra de la pésima y arraigada práctica de conducir en estado de ebriedad.

Los operativos de referencia se basan en un programa de retenes operados por la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio, ubicados de modo aleatorio en distintos puntos de la ciudad, en horas críticas de la noche y de la madrugada. En dichos retenes se detiene el tránsito de vehículos para hacer una revisión del estado de los conductores, mediante un dispositivo que mide el grado de intoxicación por consumo de bebidas etílicas, llamado alcoholímetro.

De acuerdo a los señalamientos del Consejo de Vialidad, el alcoholímetro tal y como se aplica en nuestra ciudad, no cumple con los estándares normativos establecidos y en consecuencia, funciona como un instrumento para aplicar multas de modo arbitrario, lo que resulta productivo solo para fines recaudatorios. Las críticas apuntan a que en los retenes no están presentes elementos de seguridad pública ni de la Dirección de Salud, ni se convoca a organismos sociales protectores de los derechos humanos, lo que ha pervertido y desprestigiado, a una medida que es positiva y necesaria.

Existe otra forma de abuso por parte de autoridades estatales, que deriva del hecho de que el Código Penal de Coahuila tipifica como delito la conducción de vehículos en estado de ebriedad, lo que explica que algunos detenidos pasen de Tribunales Municipales, a las oficinas del Ministerio Público ubicadas en el Centro de Readaptación Social (Cereso). La norma penal en comento debe ser derogada y reforzarse la atención de este tópico a nivel preventivo; nunca hemos sabido de una persona que haya sido juzgada ni condenada por el delito mencionado sin embargo, la norma es fuente de extorsión en virtud de la forma discrecional en que a nivel de barandilla, se manipula su caprichosa aplicación.

En todo caso las estadísticas demuestran que el alcoholímetro incide en la reducción de accidentes, por lo que el debate público a este respecto, no debe plantearse en términos de que los operativos deban o no existir, sino en la forma en que deben ser aplicados de mejor manera. El alcoholímetro debe continuar con otras medidas preventivas simultáneas, que implican como primera condición que existan a disposición de los ciudadanos, alternativas de transporte público que ayuden a resolver el problema cuando se presente o permitan a previsión, prescindir del uso de vehículos particulares ante la expectativa de una reunión social, en las que se consuman este tipo de bebidas.

No es posible por otra parte, que se instale un retén de revisión en cada crucero de nuestra ciudad las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. Además de los operativos con retenes aleatorios en tiempo y lugar, es menester establecer una estrategia de vigilancia general en las principales vialidades y que los teléfonos de emergencia que existen en la ciudad, reaccionen con un protocolo de respuesta inmediata, frente a las denuncias de los dueños de bares y restaurantes y público en general, frente a personas fuera de control que se dispongan a manejar alcoholizadas.

Como ocurre con el resto de los retos que enfrenta la comunidad, la solución al problema que implica la combinación de volante y bebida, es tarea de todos. Gobierno, sociedad, familia y sobre todo, responsabilidad individual de quienes bebemos a conciencia.

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