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EDITORIAL

El memorándum de AMLO y el dilema bicornudo

JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
jueves 02 de mayo 2019, actualizada 7:28 am


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(Versión abreviada del discurso pronunciado ante el Congreso del Estado en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el pasado 26 de abril)

Seguramente todos los que integramos esta asamblea legislativa oportunamente leímos, y quizá algunos hasta más de una vez, el insólito y desconcertante memorándum que el pasado 16 de abril, martes de Semana Santa, dirigió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a sus secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda.

El memorándum presidencial está referido al tema que López Obrador insistentemente ha calificado como el de "la mal llamada reforma educativa". Dice que esta, junto con otras "reformas conocidas como estructurales", forma parte de una "agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal" y que particularmente en la materia educativa "no se ha traducido en una mejoría en la calidad de la enseñanza".

Antes de seguir dando cuenta del contenido del memorándum de López Obrador, resulta oportuno recordar, pues se trata de hechos palmarios que en su oportunidad conoció la opinión pública nacional, que la reforma educativa de 2013 no fue parte de una agenda impuesta desde el extranjero. Baste con señalar que fue aprobada por un buen número de diputados y de senadores que hoy son militantes de su partido, Morena, o de sus partidos aliados, y que nuevamente son legisladores. Empezando por supuesto por el actual coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, que aprobó dicha reforma y hasta llegó al extremo de decir que no había necesidad de cambiarle una sola coma. ¡Y hoy se refieren a ella, ese diputado y el presidente, como la "mal llamada reforma educativa"!

Afirma el presidente, por supuesto sin probarlo, que las reformas (reitero, aprobadas por un buen número de legisladores que hoy lo son de Morena), fueron impuestas mediante actitudes autoritarias "y acudiendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional". Falso, nadie promovió ni ha promovido, como dice, "el descrédito del magisterio nacional". Más bien ha sido un grupo muy minoritario de maestros, por cierto seguidores de su causa desde hace años, el que se ha encargado, y lo ha hecho muy bien, de desprestigiarse a sí mismo. No ha necesitado ayuda alguna de nadie. Solo se ha desacreditado.

A continuación dice el Presidente que "como hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo ante el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa" se ve en lo obligación de dictar algunas medidas.

En este punto oculta el Presidente, o al menos no es suficientemente claro, que si la contrarreforma educativa propuesta por su propio gobierno no ha alcanzado acuerdos, ha sido precisamente por la actitud intransigente y aun violenta, incluso contra los propios legisladores de Morena, que ha adoptado el grupo que él considera ha sido objeto de "campañas de descrédito". ¿Qué no se da cuenta el presidente que su visión de las cosas no corresponde a la realidad? ¿Considera acaso López Obrador que se puede engañar tan fácilmente a la opinión pública?

Pero lo peor es lo que a continuación plantea el ya famoso memorándum. Dice el Presidente que "con base en las facultades que me confiere el cargo que detento" (que por cierto no dice cuáles específicamente son tales facultades y dónde están contenidas en la Constitución o en alguna de las leyes que conforman el marco jurídico del país), procede a dar a los tres mencionados secretarios de Estado lo que llama "lineamientos y directivas", entre otros los siguientes:

Que "mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo" [es decir, que satisfaga los caprichos del grupo magisterial acostumbrado al chantaje y a la obtención de prebendas y canonjías] las diferentes instancias "del Poder Ejecutivo Federal involucradas, dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa".

En otras palabras, el presidente de la república, invocando facultades que no tiene y que por lo mismo no especifica expresamente, ordena a todas las instancias del Poder Ejecutivo Federal a no acatar la Constitución y las leyes, a dejar sin efecto el orden jurídico, a congelar el marco legal, por lo pronto en materia educativa, hasta en tanto no se llegue a un entendimiento con el grupo magisterial beligerante, que bien sabe el propio López Obrador que ese grupo no tiene en su estrategia llegar jamás a acuerdos, porque su línea política tradicional ha sido de chantaje y extorsión.

No, señor presidente, ese no es el camino. Siga por esa senda y advertirá -porque los ejemplos cunden- que sembrará vientos y provocará tempestades. Comprenda que la mejor protección de su propio gobierno es someterse a la legalidad y apostarle al orden jurídico.

De no ser así, significa entonces que estamos entrando a un escenario de altísimo riesgo, porque nos dará a entender, señor López Obrador, que muy pronto sus caprichos y arbitrariedades derivarán en abiertos manotazos autoritarios, disposiciones autocráticas y finalmente en un régimen dictatorial.

De este lamentable memorándum son de llamar la atención varios hechos objetivos y verificables:

En primer lugar, como ya se dijo, que al emitir el presidente su documento afirma tener facultades pero no las cita ni dice cuáles.

En segundo término, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya expresado que se trata de un decreto fuera de la ley, que lesiona los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y pide al presidente que rectifique.

Tercero: ¿no le preocupa al presidente que ni un solo personaje importante del país, ni siquiera de la izquierda (de la academia, la política o el periodismo) haya salido en su defensa? Bueno, salvo el coordinador de los diputados de Morena, y eso de manera muy tibia, casi vergonzante; sí, el mismo que siendo senador aprobó la reforma educativa.

Cuarto: es de llamar la atención, hasta donde se sabe, que los tres secretarios de Estado a los que va dirigido el memorándum hayan guardado discreto silencio, salvo el de Educación Pública que hizo referencia a aspectos más bien tangenciales, de manera titubeante y apremiado por los reporteros.

Un quinto punto, al que por cierto hasta ahora nadie ha hecho referencia: ¿desconocen los secretarios y el propio presidente de la República, que en todo caso su memorándum está sujeto al refrendo en los términos del art. 96 constitucional? Como se sabe, éste dice: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y SIN ESTE REQUISITO NO SERÁN OBEDECIDOS"

Hay que tener presente que el tristemente célebre memorándum solo lleva la firma del Presidente. Si los Secretarios no lo firman, constitucionalmente están obligados a no obedecerlo; y si lo hacen, es decir, si lo firman, incurrirán por ese solo hecho en un delito, por convalidar órdenes que abiertamente violan el orden constitucional.

Estos tres señores Secretarios, carentes de valor civil, enfrentan claramente un dilema bicornudo. Para el lado que se hagan, los cuerna el toro. Pobres.

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