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EDITORIAL

¿Qué hacer con la UAdeC?

JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
jueves 31 de enero 2019, actualizada 7:41 am


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Quien lleve a cabo una rápida hojeada al muy voluminoso documento que contiene el "Informe de la revisión a la Cuenta Pública 2017", preparado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), Cuenta Pública que comprende tanto la del gobierno estatal como las de los 38 municipios del estado, se podrá percatar que las dos entidades auditadas más cuestionadas son la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Poder Ejecutivo, es decir, las áreas administrativas dependientes directamente del gobernador del estado.

Ya en ocasiones recientes he hecho referencia aquí a las irregularidades consignadas en el mencionado Informe, que la ASE entregó al Congreso local a finales del pasado mes de diciembre. Pero vale la pena una recapitulación en torno al tema, con la aportación de nuevos datos.

Para dar contexto al tema, empieza la ASE diciendo en su Informe (tomo 1B, pág. 146) que "La UAdeC es un organismo público, descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos económico, técnico y administrativo, de conformidad con su Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de enero de 1991, y (que) tiene obligación de presentar Cuenta Pública en los términos de los artículos 3, fracciones X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza".

Pues bien, durante 2017 la UAdeC tuvo un presupuesto aprobado de 2 mil 370 millones de pesos y erogó (presupuesto devengado) un total de 3 mil 179 millones. Lo anterior significa que registró una desviación presupuestaria nada menos que por 809 millones de pesos. El gasto excedente en modo alguno es insignificante, toda vez que equivale al 34 por ciento de su presupuesto autorizado.

De los recursos ejercidos, un total de 2 mil 432 millones los recibió la UAdeC procedentes de aportaciones, transferencias y subsidios de los gobiernos estatal y federal. Por cuanto hace al destino del gasto, el 73.8 por ciento del presupuesto devengado, equivalente a 2 mil 346 millones de pesos, se usó para el pago de "servicios personales". Nada menos que 264 millones de pesos por arriba del presupuesto aprobado para este rubro (el llamado capítulo 1000).

En ocho auditorias de cumplimiento que la ASE le practicó a la UAdeC, quedaron sin solventar (justificar, explicar, resolver) por ésta un total de 576 observaciones. Estas observaciones contienen hechos de los que se derivan irregularidades por un valor de 3 mil 884 millones de pesos.

La primera cuestión que salta a la vista estriba en saber cómo es posible, se preguntará el lector, que en un gasto devengado por un total de 3 mil 179 millones de pesos se hayan podido detectar irregularidades por una cantidad superior, pues como arriba se indica éstas suman 3 mil 844 millones de pesos. ¡Pues sí!

En efecto, por increíble que parezca, el valor de las irregularidades en el manejo del presupuesto de la UAdeC en 2017 fue superior al monto total del propio presupuesto ejercido. La razón es muy sencilla y se explica así: toda vez que algunos conceptos de gasto fueron objeto de observaciones por parte de la ASE en más de una de las auditorías, resulta lógico que el valor de las irregularidades supere al propio monto a revisar. De cualquier manera no deja de ser una situación no sólo curiosa sino francamente indignante. Para Ripley.

Pero más curioso aún resulta que en el dictamen de la ASE con motivo de la revisión a la Cuenta Pública de la UAdeC correspondiente al año 2017 se diga que la información contenida en ésta "cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables". Los ojos del lector no pueden dar crédito a lo que acaban de leer. Salvo por lo que a renglón seguido, como curándose en salud, anota la ASE: "excepto -dice- por la carencia de conciliaciones bancarias, por la existencia de déficit financiero, por el incremento desproporcional en sueldos y salarios en el ejercicio 2017 con relación al ejercicio anterior, por la falta de bases para cuantificar las obligaciones laborales y fiscales, y por los hechos que se precisan en el apartado denominado 'Resultados de la Fiscalización'" (pág. 163). ¿Luego entonces? Para Ripley por partida doble. No cabe duda: algo urgente y draconiano ha de hacerse para terminar con tantas costosas irregularidades en el manejo financiero de la UA de C.

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