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Gómez Palacio y Lerdo

Guardia Nacional debe ser temporal: Mesas de Seguridad y Justicia

MA. ELENA HOLGUÍN / EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO, viernes 25 de enero 2019, actualizada 6:49 pm

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La propuesta del Gobierno federal para crear una Guardia Nacional, debe acompañarse de una política integral en la que todos los sectores involucrados en la seguridad sean tomados en cuenta y funcionen de manera ordenada, ya que no sería favorable que esta nueva figura tuviera un carácter permanente en nuestro país.

Para el empresario Gerardo Ibarra, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, es importante que estados y municipios fortalezcan a sus corporaciones de acuerdo con las necesidades, ya que han sido pocas las regiones del país en las que verdaderamente se ha logrado superar la crisis de inseguridad.

Aunque se han hecho esfuerzos importantes y en la medida de las posibilidades, se ha logrado avanzar, se requiere el apoyo de las diferentes instancias de gobierno para hacer frente a los costos que implica el reclutamiento y capacitación de elementos, así como el equipamiento de las corporaciones.

Gerardo Ibarra destacó que la Comarca Lagunera es una de las zonas del país en las que se ha logrado disminuir considerablemente los indicadores delictivos, gracias a una figura como la del Mando Especial de La Laguna, que coordina a todas las corporaciones y encabeza las tareas de seguridad.

Esto también ha contribuido a restablecer la confianza ciudadana hacia las corporaciones, lo cual se refleja en una mayor cultura de la denuncia y en un mayor involucramiento de la sociedad a través de instancias como las Mesas de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con el posicionamiento de la fundación México SOS y la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, que agrupa a más de 30 Mesas en 16 entidades federativas, la Guardia Nacional no puede ni debe pensarse como una solución final ni única.

Señala también que el planteamiento de la Guardia Nacional debe responder a una temporalidad definida para su actuación, así como contar con mecanismos de seguimiento, evaluación y establecer un criterio de máxima transparencia a los recursos destinados a la nueva institución policial. Esto, además de marcar detalladamente las competencias y la vinculación y coordinación con las entidades federativas.

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