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EDITORIAL

La discusión en el congreso local

JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
jueves 15 de marzo 2018, actualizada 8:43 am


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Durante mucho tiempo y hasta hace poco más de tres décadas, los Congresos de los estados se caracterizaron por ser recintos de silencio. No había en ellos debate ni discusión. De hecho, la casi totalidad de esas asambleas legislativas ni siquiera sesionaba. Nada se decía de ellas en los medios de comunicación de la época. Como alguna vez escribió el licenciado Adolfo Christlieb: "No por falta de interés, sino por ausencia de materia". Nada de relevancia decían u opinaban los diputados locales. Y sobre lo que hacían, había que buscar la información en la página roja de los diarios, en el mejor de los casos.

Era patética la situación de las legislaturas locales. Hasta principios de la década de los 80 del siglo pasado, el mexicano común ni siquiera sabía de su existencia. Menos aún de su esencial importancia. Como en buena medida aún sucede, lamentablemente. Es cierto que de manera paulatina, pero con lentitud que desespera, se cobra conciencia ciudadana de que los Congresos locales existen y tienen una importante función política qué cumplir.

La inexistencia de facto de los órganos legislativos estatales obedecía al monopolio total que sobre éstos tenía el priismo. Aunque hoy nos resulte difícil de creer, literalmente durante décadas -no una ni dos, sino muchas décadas- no hubo un solo diputado local de oposición. Ahora las cosas han cambiado en cuanto a su presencia y número, pero nada más. En consecuencia, se hace necesaria una mayor y eficaz contribución del Poder Legislativo de los estados al avance democrático y al saneamiento de la vida pública local. Lo cual naturalmente sólo sucederá por la iniciativa y empuje de los legisladores de oposición. En especial donde éstos forman mayoría. Como es el caso de Coahuila.

Sin embargo, como es de suponerse, existen barreras institucionales para evitar que ese empuje se manifieste. Una, entre varias que iremos abordando en estos artículos, consiste en la existencia de trabas, obstáculos que se interponen para que evitar que en las reuniones plenarias de los diputados haya mayor discusión, debate, exposición de ideas y propuestas, crítica a las políticas públicas y al ejercicio del poder. Si en un Parlamento no se parla, no se trata de un verdadero parlamento.

Las autocracias, los regímenes autoritarios, quisieran que las cámaras legislativas estuvieran de receso el mayor tiempo posible. Y en períodos de sesiones, que éstas -las sesiones- sean en número mínimo. Por eso, a nadie debe sorprender que en el porfiriato se haya disminuido de dos a uno el número de períodos de sesiones legislativas. Y que durante el apogeo del priismo las cámaras del Congreso sólo sesionaran durante cuatro meses al año y estuvieran ocho en receso.

O que el actual gobernador de Coahuila haya ordenado a los diputados de su partido, los de la anterior legislatura cuando ya iban de salida y sabían que en la siguiente perderían la cómoda mayoría que detentaban, a escasos cinco días de concluir sus funciones, modificaran la ley orgánica del Congreso para establecer como obligatoria una sola sesión por semana en lugar de dos como antes se disponía.

Pero no se conformaron los diputados oficialistas con hacer este cambio, típico de gobiernos autoritarios, sino que a manera de candado dispusieron que para darle marcha atrás se requeriría de la aprobación de las dos terceras partes de los diputados. Es decir, hacer imposible su reversión. Más clara no pudo haber quedado de manifiesto la vena autocrática del gobernador en turno. Pero lo más grave es que salvo un partido de oposición, absolutamente nadie dijo nada y menos aún protestó.

Una de las formas de hacer que el Parlamento guarde silencio, en contravención a la que es su esencia, es tenerlo reunido el menor tiempo posible. Y la otra, que cuando esté en período de sesiones sus reuniones sean esporádicas. Una más consiste en que cuando sesione la discusión esté acotada, limitada. Como sucede en Coahuila según la interpretación restrictiva que de la Ley Orgánica del Congreso se tiene sobre el punto, según veremos en otro artículo.

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